La escalada de violencia se le fue de las manos al gobierno mexicano. En lo que va del 2010 se estimó que las muertes causadas por los cárteles de drogas ascienden a 5 mil (23 mil desde el 2006) y en la semana del 11 al 17 de junio se contabilizaron alrededor de 200. Sólo el viernes 11 de junio murieron entre 68 y 89 personas (no hay cifras oficiales) en un enfrentamiento en un Centro de rehabilitación de Chihuahua, considerándose el día más sangriento del último sexenio. Lejos de atacar las raíces del problema y en un intento por tapar el sol con la mano, el gobierno comenzó a presionar a la prensa para que fuera más “responsable” a la hora de informar los crímenes que asolan al país. La Secretaría de la Gobernación (equivalente al ministro del Interior), en un foro sobre seguridad, llamó a los medios de comunicación a que “repensaran” sus coberturas de los hechos delictivos ligados al narcotráfico.
La necesidad del gobierno del presidente Felipe Calderón por silenciar las noticias sobre la alarmante violencia que vive el país no son menores: el 2010 es un año electoral, donde se disputarán 10 gubernaturas y cerca de 2 mil cargos legislativos en 13 de los 16 Estados (casi todos a celebrarse el 4 de julio próximo).
A la carrera electoral hay que sumarle que uno de los ejes que Calderón planteó para su gestión fue la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, una cruzada en la que se invirtieron 1300 millones de dólares desde su anuncio el 5 de diciembre de 2006. Estos “planes de combate” emplearon a 96 mil miembros del ejército, casi 400 mil policías y más de 200 aeronaves y embarcaciones; un esfuerzo estéril, a juzgar por los resultados. Jorge Fernández Menéndez, autor de numerosos libros sobre narcotráfico en México y columnista del periódico Excélsior, muestra el principal déficit de la ofensiva del Estado federal mexicano: “en una guerra se debe explicar cuáles son los objetivos concretos a alcanzar y destacar cómo se va a llegando a ellos. Y eso no ha ocurrido”, afirma.
Según el periodista, las razones que llevaron al ejecutivo a lanzar una ofensiva contra estas organizaciones delictivas eran válidas, ya que comenzaban a ocupar espacios y territorios reemplazando al propio Estado. Sin embargo, considera que “es una guerra que no terminó de ser explicada ni vislumbrada como tal, no ha permeado en la población, no hay una sociedad movilizada para ella y no hay tampoco una relatoría, una crónica de la guerra”, expone.
Esto se condice con las quejas que se elevan desde las redacciones, de acuerdo con las cuales la información sobre las detenciones y decomisos es confusa y retaceada, incluso hasta contradictoria, dado que no existe un organismo que centralice los operativos y funcione como único vocero. “Cotidianamente se dan detenciones, pero muy rara vez se colocan en contexto. Parecen ser todos esfuerzos dispersos, que realiza cada fuerza por su lado y en ocasiones incluso confrontándose unas con otras. Se hace todos los días el recuento de los muertos y las víctimas, pero no se dice porqué lo son”, concluye el columnista.
En tanto, los 29 mil millones de dólares anuales con los que cuentan los cárteles mexicanos por el lavado de dinero, le aseguran la penetración en todos los estratos del poder político, hasta tal punto, que muchas veces cooptan completamente algunos organismos estatales. La impunidad que les proporcionó la corrupción de las instituciones verticales, les permite ahora expandirse horizontalmente hacia el tejido mismo de la población, lugar del cual difícilmente pueda ser removido, sin lastimar profundamente a la sociedad mexicana en su conjunto.
Matar al mensajero
En el Foro Binacional de Medios: Los Retos de la inseguridad y la violencia, México-Estados Unidos, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo ante los representantes de los grandes grupos mediáticos que “no hay libertad sin responsabilidades” y mencionó el Acuerdo de discreción con que el gobierno Colombiano envolvió a la prensa en su campaña contra los cárteles.Sin embargo, Gómez Mont no mencionó en ningún momento a los 62 reporteros asesinados desde el 2000, ni a los 10 desaparecidos, ni a que el periodismo en México es considerada una profesión de alto riesgo. Además, este reclamo en pleno año electoral coincide con una ola de amenazas anónimas y "aprietes" que denunciaron numerosas redacciones a la hora de publicar, sobre todo, información referida a la lucha anti-drogas.
